La red Gürtel manejó un total de 25 millones de euros en B entre los años 1996 y 2009

EFE

Francisco Correa sale de la cárcel

La trama Gürtel, supuestamente liderada por Francisco Correa, manejó más de 25 millones de euros en dinero negro desde sus comienzos en 1996 hasta su desarticulación en 2009, según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitido al juez Pablo Ruz.

En ese informe, fechado el 31 de enero, la UDEF analiza el pendrive que le fue intervenido a José Luis Izquierdo, presunto responsable del control de la citada caja B, en el registro de las oficinas principales del conglomerado empresarial de la trama Gürtel en la calle Serrano 40, el 6 de febrero de 2009.

La UDEF ha calculado el dinero que ha circulado por esa caja B a partir de los apuntes que constan en los archivos informáticos extraídos de ese pendrive y ha estimado que los movimientos de efectivo registrados en la Caja B en el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y 2009 asciende a 25.570.757,84 euros, siendo los años de mayor abundancia, 2007 (6.037.740,21), 2006 (4.076.513,04) y 2002 (3.894.167,37).

Las principales fuentes de recursos derivan de la transformación de fondos obtenidos de actos realizados por las sociedades de eventos que forman parte de la trama (tales como Special Events u Orange Market) y derivados en su mayor parte de adjudicaciones públicas en las que no se han garantizado y cumplido “los principios que rigen la contratación administrativa”.

También, “de la recepción de cantidades con origen en el reparto de comisiones pagadas por entidades adjudicatarias de contratos públicos donde ha intervenido la organización en calidad de intermediario para dirigir los concursos”, señala la UDEF en su informe.

Contratos en la Comunidad Valenciana

En lo que se refiere a 2007 las entradas más importantes procedían de la caja B de Orange Market que obtenía esos fondos de la adjudicación de contratos públicos y en la prestación de servicios al PP en la Comunidad Valenciana. Las principales fuentes de recursos derivan por tanto de la transformación de fondos obtenidos de actos realizados por las sociedades de eventos que forman parte de la trama y derivados en su mayor parte de adjudicaciones públicas en las que no se han garantizado y cumplido “los principios que rigen la contratación administrativa”.

También, “de la recepción de cantidades con origen en el reparto de comisiones pagadas por entidades adjudicatarias de contratos públicos donde ha intervenido la organización en calidad de intermediario para dirigir los concursos”.

Este sistema de ingresos, añade la UDEF, es una constante en el periodo objeto de investigación, de forma que existen entradas por cobros derivados de actos para la formación política desde 1999, así como una persistencia en el pago de comisiones por parte de entidades adjudicatarias de contratos públicos como es el caso de Constructora Hispánica, que ya en 2001 le constan entregas de dinero a la organización.

Asimismo la aparición de personas políticamente expuestas y personas del medio político también es una constante en los apuntes de la caja B como receptores de contraprestaciones o como beneficiarios de regalos a cambio de favorecer los intereses de las sociedades de Correa para la obtención de contratos públicos de las Administraciones Públicas.

Entre ellos, la UDEF menciona al extesorero del PP Luis Bárcenas, al exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o a los ex alcaldes de este partido en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; de Boadilla, Arturo González Panero o de Majadahonda Guillermo Ortega.

En otro de los cinco informes de la UDEF que han sido remitidos ahora a Ruz, se analiza la documentación incautada en la nave del polígono de Ventorro del Cano de Alcorcón que tenía la empresa vinculada a Gürtel Easy Concept. Esos documentos prueban, según la UDEF, que distintas corporaciones locales y autonómicas de Madrid y de la Comunidad Valenciana fraccionaban los contratos públicos otorgados a las empresas de Correa en cantidades máximas de 12.020 euros para evitar la publicidad.

Indican además que una de las empresas de la trama, Special Events, organizó actos para el PP a nivel autonómico y nacional entre 1999 y 2004 que se abonaron con una “dinámica” en la que se incluía a cuatro fundaciones vinculadas a ese partido, entre ellas FAES.

La Policía explica que este método consistía en emitir por estos actos una serie de facturas que luego se anulaban, tras lo que se emitían unas nuevas facturas “ficticias”, dirigidas esta vez a fundaciones vinculadas al PP, en las que se alteraba el concepto.

De ello resultaba que “una parte del coste de distintos actos llevados a cabo por el Partido Popular son finalmente asumidos por entidades vinculadas orgánicamente al mismo, tras una adaptación de los conceptos”. Estas entidades son, según el informe, FAES, la Fundación Popular Iberoamericana, la Fundación Instituto de Formación Política y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.




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