Cinco empresarios niegan ante el juez las donaciones en B al PP anotadas por Luis Bárcenas

EFE

  • Dos de ellos se han apoyado en lo que parecen erratas cometidas por Bárcenas en sus apuntes para desvincularse de los pagos.
  • Han declarado tras la ampliación de una querella de IU.
  • Caso Bárcenas: de Gürtel a los sobresueldos.

Luis Bárcenas

Cinco empresarios han negado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que sean ellos los que aparecen en varias anotaciones de los papeles de Luis Bárcenas como donantes al PP de un total de 400.000 euros en dinero negro, aunque tres de ellos han manifestado que conocen al extesorero.

Rafael Palencia (Dregemont Iberia), José Antonio Romero (Grupo Romero Polo), Antonio Pinal (Bruesa), Cecilio Sánchez (FCC) y Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia) han asegurado que ellos nunca han donado dinero al PP y los dos últimos se han apoyado incluso en lo que parecen erratas cometidas por Bárcenas en sus apuntes para desvincularse de los pagos.

El primero en declarar ha sido Palencia, presidente de Dregemont Iberia (empresa vinculada comercialmente en España a General des Eaux), quien fue identificado por Bárcenas como la persona que realizó seis donaciones, reflejadas en sus papeles sobre la supuesta contabilidad B. Estas seis donaciones aparecen a nombre de “R. Palencia”, “Rafa Palencia”, “Rafael Palencia”, “Gre (R. Palencia)” y “General des” en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 146.000 euros. Según fuentes presentes en la declaración, Palencia, que solo ha respondido a preguntas del juez y la defensa, ha dicho que no conoce ni a Bárcenas, ni al también extesorero Álvaro Lapuerta, ni a nadie del PP, y ha negado haber recibido contratos del Canal de Isabel II que, según una acusación, aparecen en el BOE.

También ha declarado Cecilio Sánchez, director comercial de zona de FCC, a quien el juez le ha citado por un apunte a nombre de “Celicio Sanch. (Aguas)” por 30.000 euros en enero de 2001. Sánchez ha incidido en que en el momento del apunte no trabajaba en FCC, sino en Vivendi, que luego se fusionó con una filial de FCC. Ha indicado que siempre ha trabajado como director comercial y que conoce a Bárcenas, pero que con él nunca ha hablado de licitaciones ni le ha entregado dinero. Tampoco conoce, ha dicho, a Lapuerta ni a otros cargos del PP. Sánchez se ha escudado además en que en los papeles de Bárcenas aparece el nombre de “Celicio” y no de “Cecilio”, por lo que no se trataría de él.

Tras una querella de IU

El tercero en comparecer ha sido Camilo José Alcalá, presidente y consejero delegado de la empresa constructora de obra pública Cyopsa-Sisocia. A Alcalá se le atribuye una donación de 60.000 euros en los papeles manuscritos a nombre de “Camilo (Sisovia)” en febrero de 2003 y otra a “Camilo” de 90.000 euros en diciembre de ese año. El imputado ha atribuido a una “casualidad cacofónica” que se le haya relacionado con esta anotación de Bárcenas, ya que su empresa no se llama “Sisovia” sino “Sisocia”. El empresario ha dicho que tampoco conoce a Bárcenas ni ha estado en la sede del PP de Génova y que no hace donaciones a partidos ni fundaciones de partidos.

La acusación de Izquierda Unida le ha preguntado por adjudicaciones públicas a su empresa por un total de 70 millones de euros durante los años que reflejan los papeles de Bárcenas (1990-2008), obras que ha reconocido a pesar de que, según esta acusación, no aparecen en el registro de contratos del Ministerio de Economía.

Hoy ha declarado asimismo José Antonio Romero Polo, administrador único del Grupo Romero Polo, quien aparece en dos donaciones a nombre de “Polo/Llorens” por 30.000 euros en mayo de 2003 y “Romero Polo (Lérida)” por 24.000 euros en febrero de 2004.
Según declaró Bárcenas al juez, estos pagos estaban destinados al pago irregular de la campaña de José Ignacio Llorens, quien fuera diputado del PP en el Congreso por Lérida en la legislatura 2004-2008. Romero ha reconocido que conoce a Bárcenas y Lapuerta, así como a Llorens, con quien coincide en Lérida, ha dicho, porque es una ciudad pequeña donde se conocen todos, pero que nunca ha estado en la sede del PP de esta ciudad ni de la calle Génova.

El último empresario en comparecer ha sido Antonio Pinal, presidente del grupo de empresas Bruesa Construcción. Los investigadores creen que Pinal es la persona que donó al PP 12.000 euros en enero de 2006, según figura en un apunte ese mes a nombre de “Ant. Pinal”, y otros 12.000 euros en septiembre de 2006 de un segundo apunte “Antonio Pinal/Emilio”. Este empresario solo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha reconocido que conoce a Bárcenas de coincidir en el hotel Ritz y ha negado los pagos al PP.

La imputación de estos cinco fue acordada por el juez tras admitir una ampliación de la querella de IU, con lo que ya hay 17 empresarios imputados en el caso Bárcenas. Este jueves deberán acudir a la Audiencia Nacional otros cuatro, José Luis Suárez (Construcciones Parreño), Joaquín Molpeceres (Licuas), Ramón Aigé (Sorigue-Acsa) e Ignacio Urgatxe (Urazca Construcciones) y el viernes el presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (como testigo), y su sobrino el empresario Vicente Cotino.

No resuelve la demanda

El Juzgado 83 de Primera Instancia de Madrid no decidirá sobre la demanda civil interpuesta por el PP contra su extesorero Luis Bárcenas por vulneración del derecho al honor hasta “la decisión final” de la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del partido.

Para el titular del Juzgado, David Rodríguez Fernández-Yepes, es imprescindible esperar al resultado de las diligencias que se tramitan en la Audiencia Nacional porque de ello depende saber si los apuntes contables del extesorero “eran una invención o una realidad”.

En el auto en el que Rodríguez admite la petición del Ministerio Fiscal de suspender hasta entonces su resolución, explica que no puede dictar sentencia afirmando que “lo publicado (en El País) no ofende en absoluto a los actores cuando puede que se llegue en una diligencias penales a la conclusión de que sí se le hizo daño, con una anotaciones que no contenían realidad alguna”.

Hasta el momento, añade el auto, “el discurrir del proceso ha zanjado la cuestión sobre la autoría, ya que el demandado ya reconoce abiertamente haber realizado los apuntes, quedando en discusión la atribución de su puesta en conocimiento público por él, así como desde luego que tales apuntes coincidan con ninguna realidad contable ilegal”.



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